Maricarmen: un desahucio legal no absuelve a quienes podían evitarlo

El 23 de septiembre, Maricarmen Abascal fue desalojada de su vivienda en el barrio madrileño de Retiro. La operación fue un lanzamiento judicial, con intervención de la Policía Nacional. Tras salir del inmueble, fue trasladada al hospital Gregorio Marañón. Dos días después, la Delegación del Gobierno ordenó investigar determinadas actuaciones policiales observadas durante el operativo. Esa investigación debe esclarecer los hechos; las imágenes, por sí solas, no permiten dar por probada una infracción concreta de los agentes.

La historia empezó mucho antes. Maricarmen vivía allí desde 1956, bajo un contrato de renta antigua firmado originalmente por su padre y subrogado después por su madre y por ella. La propietaria actual, Urbagestión Desarrollo e Inversión, acudió a los tribunales para obtener la extinción del arrendamiento. La controversia jurídica giraba en torno a los límites de esa segunda subrogación y a los requisitos legales vinculados a la discapacidad. La justicia terminó dando la razón a la empresa.

Maricarmen, según la información publicada, venía abonando unos 500 euros mensuales; la discusión sobre una nueva renta se situó en cifras muy superiores a su pensión. El núcleo del litigio, por tanto, no era simplemente el impago de la renta antigua.

Quién promovió el desahucio y quién lo ejecutó

Conviene precisar quién hizo qué. Urbagestión promovió el procedimiento y solicitó recuperar la posesión del piso. No adquirió por ello la facultad de desalojar por su cuenta a la inquilina. El lanzamiento correspondía al órgano judicial y se practicó con apoyo policial. No hay base en la información examinada para afirmar que una empresa privada se atribuyera las funciones de la comisión judicial.

La pregunta sobre un posible abuso debe dirigirse a actuaciones identificables y demostrables, no resolverse mediante una acusación genérica. El respeto de los plazos y garantías procesales importa: uno de los intentos anteriores fue aplazado precisamente por una objeción relativa al plazo legal aplicable a la vivienda habitual.

Esto deja abierta la cuestión más incómoda: que una empresa pueda pedir legalmente un desahucio no significa que estuviera obligada a llevarlo hasta el final. Había propuestas para evitarlo. Una donante se ofreció a cubrir la diferencia entre lo que Maricarmen pagaba y la renta reclamada, además de asumir la deuda que pudiera existir.

También se plantearon posibilidades de compra, aunque el alcance y el momento de algunas ofertas son objeto de versiones contradictorias. El Ministerio de Vivienda sostiene que intentó adquirir el piso; Urbagestión niega haber recibido una oferta formal de compra de ese organismo. Sin los documentos y condiciones de esas comunicaciones, no corresponde presentar ninguna de las dos versiones como definitivamente acreditada.

La valoración empresarial, aun con esa cautela, es severa. Una resolución favorable reconocía a Urbagestión el derecho a recuperar la vivienda; no le impedía estudiar una salida pactada antes de causar un daño difícilmente reversible a una persona de 87 años. La compañía sostiene que ha actuado conforme a la ley y rechaza que se la describa como un fondo de inversión. Esa defensa merece recogerse con exactitud. Pero su tamaño o su forma societaria no responden a la pregunta principal: por qué no se alcanzó una solución antes del 23 de septiembre si después se consideró posible explorarla.

La propuesta que llegó después

El giro llegó el día 25. Urbagestión propuso incorporar el piso al programa municipal ReViva para que Maricarmen regresara con un alquiler asequible. El Ayuntamiento rechazó esa fórmula por no ajustarse a los requisitos del programa, entre ellos la situación de cargas de la vivienda, y ofreció la mediación de su empresa municipal. Los representantes de Maricarmen aceptaron una reunión con la propiedad prevista para el lunes 28 de septiembre.

Es una iniciativa real y sería inexacto afirmar que, después del desahucio, nadie ha hecho nada. También es legítimo preguntar por qué una negociación de este tipo no se produjo antes de sacarla de su casa. A fecha de este artículo, la reunión aún no se ha celebrado y no existe un acuerdo de retorno.

Tres administraciones, ninguna solución a tiempo

El Ayuntamiento de Madrid tenía capacidad para activar sus servicios sociales, estudiar una alternativa adecuada y mediar con la propiedad. Afirma haber ofrecido ayuda; Maricarmen y su entorno han cuestionado que las opciones planteadas respondieran a su situación. Una plaza o un alojamiento formalmente disponible no constituyen por sí solos una solución adecuada para una persona mayor con discapacidad: importan el coste, la accesibilidad, los apoyos y la continuidad de su vida cotidiana. Ahora el consistorio ofrece una mediación que puede ser útil. Su resultado será la medida de esa respuesta, pero llega después del lanzamiento.

La Comunidad de Madrid asegura que ofreció dos veces una plaza en una residencia pública. Es una actuación que debe reconocerse, pero también evaluarse: una residencia no equivale necesariamente a una alternativa de vivienda, ni responde sin más a la voluntad de una mujer que quería seguir viviendo en su hogar. La administración autonómica debe explicar qué evaluación individual hizo y qué otras opciones examinó.

El Gobierno central tampoco puede cerrar el asunto señalando exclusivamente a las otras dos instituciones. El presidente afirmó el mismo día del desahucio que la responsabilidad principal correspondía al Ayuntamiento y a la Comunidad, y defendió una reforma normativa que, según él, habría evitado este caso. También reconoció la necesidad de apoyo parlamentario para aprobarla. Esa explicación describe un límite político y competencial, pero no sustituye una rendición de cuentas sobre las gestiones concretas de compra, coordinación y protección realizadas antes del lanzamiento, ni sobre las medidas que piensa impulsar ahora.

La disputa de competencias tiene una consecuencia conocida: cada administración identifica con rapidez lo que debía hacer otra. Mientras tanto, una persona vulnerable puede quedar entre programas que no encajan, ofertas que no se formalizan, recursos que no prosperan y reformas que aún no se aprueban. Precisamente porque las competencias están repartidas, la coordinación debía comenzar antes de la fecha de desahucio, con una persona responsable del caso, una propuesta concreta y plazos verificables.

Lo que este caso exige

Hay cuatro tareas inmediatas. La primera es negociar de buena fe el regreso de Maricarmen, si ella lo desea, con una renta asumible, condiciones estables y una distribución clara de costes y garantías. La reunión del lunes debe terminar con una propuesta comprobable, no con otra fotografía institucional. La segunda es publicar, respetando los datos personales, una cronología de las ofertas, respuestas y decisiones de las administraciones y la propiedad. La tercera es concluir la investigación sobre la actuación policial y explicar sus resultados. La cuarta es revisar los protocolos para que la edad, la discapacidad y la falta de alternativa adecuada activen una coordinación efectiva mucho antes de un lanzamiento.

Maricarmen tenía defensa jurídica: contó con abogada, recursos y aplazamientos. Pero tener vías de defensa no garantiza que el sistema evite el daño cuando esas vías se agotan y la protección social no ofrece una solución viable. Esa es la fractura que revela el caso.

No hace falta afirmar que todo el procedimiento fue ilegal para emitir un juicio crítico. Una mujer de 87 años perdió la casa donde había vivido 70 años; salió de ella en camilla; y las instituciones y la propiedad empezaron a explorar públicamente una fórmula de regreso cuando el daño ya estaba hecho. El próximo acuerdo, si llega, podrá mejorar su situación. No convertirá en aceptable que se haya tardado tanto en buscarlo.